Ciudad Juárez

A lo largo del proceso de Campo Algodonero, y durante los últimos quince años, México ha negado reiteradamente que los hechos que ocurren en Ciudad Juárez tengan características que permitan identificar un patrón de conducta sistemático de violación a los derechos humanos. El Estado mexicano ha calificado los hechos como tristes o graves, pero como hechos aislados, y como responsabilidad de otros, de particulares, o justificando su inacción en el clima general de delincuencia organizada, o aún, argumentando que la pobreza o la situación geográfica de la ciudad le impiden hacerse cargo de los hechos, de manera que no se constituya la responsabilidad internacional por no investigar ni prevenir debidamente la violencia contra las mujeres.

Por ejemplo, en el presente caso, el Estado reconoció que respecto de los familiares de las tres mujeres asesinadas, las autoridades sí habían incurrido en violaciones a derechos al dificultar el acceso a la justicia, pero “sólo en unos años” (los primeros tres de las investigaciones). Reconocía también que eso les había causado un sufrimiento que el Estado ofrecía reparar y, con ello, cerrar el caso, ya que los hechos de desaparición, tortura y asesinato de las tres mujeres no los habían realizado agentes del Estado –así lo afirmó-, y por tanto no eran su responsabilidad. Sin embargo el Estado fue contradictorio en su negación de la existencia de violencia contra las mujeres ante la Corte. Entre las pruebas que incluyó están informes y documentos que ha presentado ante otras instancias internacionales con las que sí ha reconocido que existe un patrón en las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. De manera particular, ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoció que estos hechos están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad.

Es importante recordar que en Ciudad Juárez, desde 2006, los medios de comunicación, grupos empresariales, una universidad y autoridades iniciaron una campaña para limpiar la imagen de la ciudad, misma que continúa hasta hoy. Consideran que la denuncia de la violencia contra las mujeres daña la imagen de la ciudad y sus oportunidades económicas. La campaña ha insistido en que el feminicidio es un mito, que las madres lucran con los asesinatos de sus hijas, y que las organizaciones civiles que las apoyan en el acceso a la justicia mienten y tienen como interés político dañar a la ciudad. Esta afirmación es insostenible pues actualmente Ciudad Juárez es reconocida por segundo año consecutivo como la ciudad más peligrosa por la cantidad y forma de los homicidios en contra de periodistas, jóvenes, policías y hombres adultos.

En este contexto, la conclusión de la Corte es una oportunidad para generar procesos de reflexión y de acción en torno a la concepción social que se tiene de los hechos, pero principalmente para actuar en la distensión de la polarización social en torno a éstos. Como se mencionó, el reconocimiento de violaciones a derechos humanos no es atentar contra el Estado, ni difamar una ciudad, sino que es el primer paso para sostener la democracia y desarrollo –no sólo económico, sino humano- y siempre serán acciones que fortalecen el estado de derecho.

La controversia respecto de las violaciones a derechos en Campo Algodonero es lo que motiva el análisis del contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, pues la responsabilidad internacional en la que incurrió México, se evidencia y comprueba también por el contexto que rodeó los hechos del caso y las condiciones en las cuales dichos hechos son atribuidos al Estado. Así, de acuerdo a lo alegado y a las pruebas proporcionadas por todas las partes, la Corte resalta varios factores que considera determinan la existencia de violencia contra las mujeres, y su particular complejidad en Ciudad Juárez. Si bien es posible determinar elementos generales que definen la violencia contra las mujeres, siempre es necesario caracterizar cada caso particular, a la vez que cada uno, con sus detalles, consolida los elementos generales.

La Corte analiza las características que definen el patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez: las cifras, las condiciones de las víctimas, las modalidades de la violencia y los procesos de investigación de los homicidios de mujeres; también se detiene a analizar la violencia basada en el género y el concepto de feminicidio. Estos elementos son importantes como elementos de interpretación judicial pues, como la misma Corte ha establecido, no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer constituye un acto de violencia contra las mujeres, ni conlleva necesariamente a una violación de las disposiciones de la Convención Belém do Pará.