Declaración 5. México culpable de violar los derechos de las niñas del caso

En tanto Esmeralda y Laura Berenice eran niñas, de 14 y 17 años respectivamente, se presupone que el Estado tenía el deber de prestar una atención especial para evitar que sus derechos fueran violados. En este caso implicaba, de acuerdo a la Corte, que México tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.

México afirmó que no tenía responsabilidad internacional respecto de los deberes especiales de la infancia, porque no se había demostrado que la minoría de edad de las víctimas hubiera sido un factor relevante en los hechos. Pero además, afirmó que cumplía con su obligación de protección a los niños con la adopción de medidas acordes con su situación especial de vulnerabilidad, y para ello presentó como pruebas la legislación existente sobre derechos de las niñas y los niños y sus programas derivados. La Comisión alegó que las agencias estatales encargadas específicamente de la protección a la infancia no intervinieron de modo alguno ni en la prevención de estos hechos ni en proponer alguna clase de solución para el caso, y que las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir los hechos ni para individualizar y sancionar a los responsables de acuerdo a la condición de las víctimas.

La Corte concluyó que, a pesar de la existencia de legislación para la protección de la niñez y de determinadas políticas estatales, en este caso concreto, esas medidas no se tradujeron en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda; activar todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y desplegar mecanismos internos para obtener información que permitiera localizar a las niñas con rapidez; ni para, una vez encontrados los cuerpos, realizar las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita. Según la Corte, es definitivo que el Estado no demostró tener mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a las instituciones involucradas de las herramientas necesarias para garantizar los derechos de las niñas, y por lo tanto incurrió en responsabilidad internacional por violar los derechos de la infancia.